Nuevamente el presidente Milei apeló a la censura legislativa, vetando en este caso la Ley referida a la emergencia en Bahía Blanca y Coronel Rosales, gravemente afectadas en lo social, económico, estructural y habitacional; por tormentas e inundaciones. Una especie de regocijo perverso respaldando la decisión abandonando a miles de personas por razones políticas indisimuladas. Antes Patricia Bulrrich por lo visto, había mentido al decir que el gobierno nacional ayudaría ante la tremenda desgracia.
La norma indica el aporte de $ 200 mil millones a través del fondo para la reconstrucción que seguirá inexistente o vacío.
En simultáneo se supo que el gobierno nacional dispuso una partida especial con destino al pago de deuda sin mayor detalle, estimado en “$ 2 billones” cuyo origen si está definido, debería ser aplicado para evitar el veto. Asimismo por dicha medida quedó sin efecto la oferta crediticia del Banco Nación con tasas preferenciales con destino a las familias afectadas.
Paradójicamente Milei y equipo consideran especulativamente que “la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones, requisito necesario de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que dispone que las leyes que autoricen gastos no previstos en el presupuesto general deben especificar las fuentes de los recursos que las financiarán”.
