La reunión de los 23 mandatarios provinciales más el jefe de gobierno de la Capital Federal dio a luz una decisión importantísima para definir posiciones constructivas para el país, ante el gobierno nacional. Una administración de la que Milei reiteró su criterio centralista y altamente concentrador de los recursos económicos, a costa de restricciones anti constitucionales que terminan afectado a los pueblos de cada provincia, la interrelación, los derechos del común denominador y en este caso, resaltando el daño a la conectividad vial.
Previo a estos aspectos, Milei/Caputo en nombre del estado que odian, se quedan entre otras, con la recaudación del impuesto a los combustibles con destino al mantenimiento de rutas nacionales, hoy, abandonadas y destruidas. El que se produce por la suspensión de la obra pública de parte del gobierno central, afectando sin duda alguna economías provinciales, regionales, empresariales y de un importante sector de los trabajadores.
Al reclamo generalizado como nunca antes en esta gestión libertaria, se agregó la decisión unánime de impulsar “un proyecto de Ley “mediante el cual se decide la eliminación de todos los fondos fiduciarios que se financian con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (Ley 23.966) para que tanto Nación como las 24 jurisdicciones puedan destinar esos fondos según las prioridades que cada uno defina”.
La decisión es definitoria para la relación futura entre las provincias y el gobierno nacional, ya que a priori se deduce que dicho proyecto será Ley, sin los desvíos por efecto de intereses específicos. Es una oportunidad para que se rescate el poder natural de las provincias y respeten sus derechos; a contra mano del manejo centralista que decide per se lo que establece la Constitución.
Pregunto si Milei vetará está futura Ley en defensa de los derechos brutalmente prohibidos por un gobierno que niega el federalismo, columna vertebral de una Nación justa y democrática.
