Otra vez el presidente Javier Milei impone decreto mediante (N° 340) ya publicado en el Boletín Oficial, nuevas actividades que pasan a considerarse esenciales y así, impedir el ejercicio del derecho a huelga, mediando la obligatoriedad de cobertura de puestos de trabajo y servicios (en alto porcentaje) en un texto que define que “Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”.
Lo dispuesto modifica el artículo 24 de la ley N° 25.877 sin apelar al Congreso Nacional, desregulando condiciones laborales al establecer que la “prestación de servicios mínimos esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare. En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”.
Un modo imperativo de desarmar cualquier iniciativa de paro de actividades y por ende, de coartar el derecho a la protesta, reclamo y cumplimiento de derechos.
Así es que desde la publicación en el Boletín oficial se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, transporte y distribución de medicamentos, insumos hospitalarios y servicios farmacéuticos – La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas, otros combustibles y energía eléctrica. Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo Internet y comunicaciones satelitales. Los servicios de transporte aeronáutico comercial, el control de tráfico aéreo y portuario; con alcance al balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios. Los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior. El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial. El transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin.
En otro orden y con el mismo fin pasan a ser actividades de “importancia trascendental” La producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios. El transporte terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin. Los servicios de radio y televisión. Las actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y cementera. La industria alimenticia en toda su cadena de valor. La producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor. Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico. La producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación.
Una amplia gama de actividades que no deja mayores alternativas por el alcance de la variedad bloqueando el derecho de huelga de manera indisimulada, y a la vez, condicionar cualquier gestión sindical que tienda a la negociación de condiciones laborales y salariales. Así se avanza en detrimento de los derechos adquiridos y a la vez dar respuesta a los reiterados pedidos de grandes empresarios que insisten con reformas como la que se impone en lo laboral, y en espera de reducción de impuestos.
Bajar el costo laboral e impositivo para garantizar ganancias, si es posible aumentarlas, sin olvidar el tema de las compensaciones económicas por despidos cuyas condiciones se resuman al mínimo para eximirse de mayores obligaciones todo, a costa de pérdidas para los trabajadores.
Claro proceso de mayor pauperización laboral frente a otras corrientes del mundo que analizan y ensayan reducción de horarios y respeto por la cuantificación de salarios que permitan el acceso a un consumo adecuado a las necesidades de la vida con dignidad.
